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Ascienden a ocho los bomberos que serán destituidos por exigir mejoras laborales

Los Teques, 25 Ene. AVN.- Ascienden a ocho los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda que fueron notificados de un procedimiento administrativo con causal de destitución por tomar acciones el pasado mes de julio de 2012 para exigir mejoras socioeconómicas.

Los cabos primero Erick Vera y Ronald Perdomo, los cabos segundo Roberto Rincón y Juan García; los distinguidos César Arana, Julio Rincón y Oliver Piñero y el sargento Miguel Castellano tienen expediente abierto por exigir sus derechos.

El distinguido Oliver Piñero considera que la notificación de despido forma parte de una persecución y terrorismo laboral, y que la intención es “tomar la medida disciplinaria de destituirnos”, pues sostiene que sería una manera de amedrentar al resto de los bomberos y censurarlos para que se queden “callados y ya no protesten más. Esto responde a una medida de venganza política con retaliación laboral de parte de la administración de Capriles Radonski”.

“Por ahora somos ocho, pero tenemos conocimiento de que existen más expedientes abiertos. Las retalaciones son directamente hacia los actores principales de la huelga del pasado mes de julio, no obstante existen abiertos más expedientes en contra de otros funcionarios que apoyaron la huelga, pero los van a ir botando por grupos. Es bochornosa la actitud de Capriles, no sólo para la entidad sino contra de sus trabajadores, hemos sido perseguidos, vejados y maltratados por su administración, sólo por exigir reivindicaciones laborales y exigirle qué ha hecho con los recursos que ha recibido del Gobierno Nacional y los ha desviado para otros gastos”, denunció Piñero.

El sargento Miguel Castellano señaló que el expediente de destitución por presunta conducta inmoral, insubordinación en el trabajo, violencia y actos lesivos, se encuentra viciado ya que las acciones de protesta que impulsaron siempre fueron de “carácter institucional y se le informó a toda la comunidad, ellos (directivos de la institución) quisieron meter la política porque estábamos en una coyuntura de campaña presidencial”.

“Los oficiales que declaran en el expediente se contradicen en sus declaraciones, a nosotros nos están catalogando de violentos, y allí nadie rompió una silla o un vaso, no se tocó físicamente a nadie, entonces ¿dónde está la violencia física y verbal de que hablan?, también afirmaron que tomamos por asalto la institución, lo que es falso, y además dicen que somos un grupito de funcionarios, pero se contradicen en otro párrafo cuando narran que llegaron autobuses de Barlovento y Valles del Tuy a apoyar a esos manifestantes. De hecho en el expediente reconocen que ellos insertaron dentro de nuestras instalaciones funcionarios de Polimiranda para que hicieran los procedimientos”, explicó.

Señaló que con estos expedientes se violentó el proceso administrativo, ya que no tuvieron derecho a la defensa, además de violar la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), la ley para la Protección de las familias, la Maternidad y la Paternidad, entre otras.

“Están violando todas las leyes. Mi bebé tiene siete meses y la ley de Paternidad y Maternidad establece que aquella persona que tenga un niño menor de dos años no puede ser removido de su cargo. Además el presidente Chávez dictó inamovilidad laboral a través de la Lottt, no conforme con esto incumplieron los acuerdos del pasado 13 de julio donde se comprometieron a no tomar represalias”, explicó.

Castellano relató que se enteró del procedimiento en su contra este martes 22 de enero, por lo que se dirigió al cuartel central de Los Teques para solicitar, junto a sus compañeros, copia de los expedientes, los cuales en un principio les fueron negados.

“Solicité una copia de mi expediente, de hecho iban a cometer otra falta, en la ley de la función pública establece que cuando te abren un expediente el patrono tiene el deber de entregarte una copia, ellos querían que nosotros mismos fuéramos a sacarle copia, cuando eso no esta apegado a derecho. Estuve allí (en el cuartel central) desde las 8:00 de la mañana y me lo entregaron a las 6:00 de la tarde. Le pregunté a la abogada sobre la defensa y nos dijo que el proceso de defensa pasó, es decir no tenemos derecho a nada, sólo a esperar que nos den la baja”, dijo.

“El 100% de las órdenes son emanadas directamente del despacho del Gobernador Capriles, los comandantes (de los bomberos) son sus operadores políticos que están actuando de una manera sucia y vil. Él (Capriles) habla de justicia, democracia e igualdad, pero la incoherencia en su discurso es evidente, porque luego toma retaliaciones políticas en contra de sus empleados. Él (Capriles) se puso en evidencia y cumplió con sus amenazadas de despido. En Protección Civil unos muchachos metieron la baja por la instigación que tenían por Víctor Lira. En Polimiranda existen funcionarios que están a punto de ser destituidos como nosotros”, dijo Castellano.

“Han hecho terrorismo laboral, la mala administración en los bomberos se cae por su propio peso, cualquier ente competente que solicite una investigación de la institución a fondo, así como lo hizo la Contraloría de Miranda, va a encontrar irregularidades”, dijo Piñero.

Hicieron un llamado a las autoridades a pronunciarse sobre la percusión política y laboral y además a iniciar una averiguación por parte del Consejo Legislativo de Miranda, Asamblea Nacional y la Coordinación Nacional de Bomberos (Colnabom) ya que “la gestión de Capriles está mermando la capacidad operativa de la institución”.

Fuente: AVN


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